Además, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció que enviará a España a expertos del Ejecutivo comunitario con el objetivo de elaborar antes de abril un plan de acción -en el que participarán la patronal y los sindicatos españoles y el Gobierno- dirigido a combatir el "gran problema" del paro juvenil.

 "En algunos países, por ejemplo España, casi uno de cada dos jóvenes dispuestos a trabajar está en paro", dijo Durao Barroso en un discurso ante los líderes europeos. "Esto es inaceptable y supone una crítica terrible a nuestra actuación", resaltó.

Planes para ocho países

Por ello, Barroso anunció que escribirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los ocho países con más paro juvenil, los que superan una tasa de paro juvenil del 30%, para pedirles que pongan en marcha estos planes de acción. Además de España, se trata de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, Eslovaquia, Letonia y Lituania. Estos planes "combinarán fondos nacionales y de la UE".

La declaración del Consejo propone dedicar los fondos disponibles a "mecanismos de apoyo a gran escala para que los jóvenes puedan trabajar o acceder a formación", además de elaborar "planes nacionales de empleo", cuya ejecución será supervisada desde Bruselas, reducir la segmentación de los mercados laborales y rebajar la fiscalidad del trabajo.

La declaración -la primera en la que los líderes europeos se centran exclusivamente en la grave situación del empleo en la UE-, señala que en la UE hay actualmente 23 millones de desempleados, y advierte de que la tasa de desempleo "seguirá siendo alta" si no se mejora el ritmo de crecimiento económico.

El texto hace especial hincapié en la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil. En particular, propone promover los programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero, de modo que estas iniciativas supongan "oportunidades reales para los jóvenes".

El objetivo es que todo joven europeo que termine su formación disponga en un plazo de varios meses de una "oferta de buena calidad" para trabajar, continuar su formación, realizar unas prácticas o un programa de aprendizaje.

Para fomentar la movilidad dentro de la UE, se sugiere la revisión de la normativa comunitaria de reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, aumentar el número de plazas disponibles en los programas de prácticas en el extranjero, y avanzar en la coordinación de los sistemas de pensiones.

Todas estas medidas se financiarían mediante la redistribución de 22.000 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) que están sin utilizar y corresponden al período 2007-2013 para toda la UE, según explicaron fuentes comunitarias.

En el apartado dedicado a las pymes, se apuesta por destinar ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los fondos estructurales a las empresas, además de reducir las cargas administrativas y los trámites legales para las mismas.

El texto pide a las autoridades de supervisión bancaria nacionales y europeas (el EBA) que "aseguren que la recapitalización de los bancos no lleva a una falta de financiación" para las pymes, así como que garanticen "una rigurosa aplicación por todos los bancos de la legislación europea que restringe los bonos".

Nuevo Tratado con la "regla de oro" y el fondo de rescate permanente

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron ayer el pacto para reforzar la disciplina fiscal sin el apoyo de República Checa y Reino Unido, según anunció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. República Checa decidió no sumarse al acuerdo porque teme que "el proceso de ratificación pueda durar años" rotando entre el Parlamento, el Gobierno y el presidente checo, Vaclav Klaus.

El acuerdo estuvo a punto de truncarse por la reticencia de Polonia, que se negaba a dar su apoyo si no se permitía el acceso de los países no miembros del euro a las cumbres de líderes de la zona euro, pero finalmente los líderes lograron un consenso.

El pacto fiscal forzará a los países firmantes, los 25 Estados miembros restantes de la UE, a incluir en sus legislaciones o constituciones la llamada regla de oro, que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB.

Los Estados miembros que no incluyan correctamente en sus normativas nacionales ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por otro de los socios, que además podrá solicitar directamente una sanción financiera.

La máxima instancia judicial comunitaria podrá, en última instancia y como máximo, imponer una sanción del 0,1 % del PIB.

Tras el consenso político alcanzado hoy, el pacto fiscal deberá ser firmado en el Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo.

Los líderes de la UE también respaldaron ayer el tratado que regulará el funcionamiento del fondo de rescate permanente de la eurozona a partir del 1 de julio, que solo beneficiará a los países que ratifiquen el pacto fiscal.

"Este tratado y el tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobernanza en la UE son complementarios", indicó.

Agregó que "se reconoce y se acuerda que la concesión de asistencia financiera en el marco de nuevos programas bajo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se condicionará, a partir del 1 de marzo de 2013, a la ratificación del pacto fiscal".

El texto establece la máxima capacidad de préstamo del MEDE en 500.000 millones de euros, incluida la capacidad de intervención del actual fondo de rescate temporal (250.000 millones).