El desarrollo de cualquier tipo de actividad empresarial requiere contar con personas, bienes y patrimonio suficientes para la consecución de los objetivos estratégicos definidos. Las personas son en las empresas su “principal activo”, así como el elemento que permite, en primera instancia, disponer de una propuesta de valor diferencial en un mercado tan competitivo como el actual. La reducida dimensión de la mayor parte del tejido empresarial (el 97% de las empresas facturan menos de 2 millones de euros y el 95% emplean a menos de 9 trabajadores) supone que, un buen número de ellas, sean extremadamente vulnerables a los riesgos asociados a la pérdida (por fallecimiento, incapacidad permanente o cese) de las personas que las hacen posibles (socios, empleados y colaboradores).
 
La protección de la empresa ante los riesgos relacionados con las personas que pueden suponer la pérdida o limitación de su continuidad debe constituir un eje estratégico que permita estar en todo momento en disposición de poder ofrecer el nivel de capital y confianza requerido por sus grupos de interés.